Instituciones que brindan atención a personas con discapacidad advirtieron que el sistema de prestaciones atraviesa una situación crítica debido a los atrasos en los pagos del programa Incluir Salud, destinado a beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad.
Según explicaron desde el sector, en muchos casos las instituciones no reciben pagos desde octubre, lo que provocó una acumulación de deuda que hoy pone en riesgo la continuidad de los servicios que se brindan diariamente.
Prestadores que trabajan en la atención de personas con discapacidad señalaron que la problemática no se limita a una sola institución, sino que afecta a distintos centros que funcionan en el país. En ese contexto, describieron que la situación financiera de muchas entidades se volvió cada vez más compleja.
“No cobramos desde octubre”, indicaron desde el sector al explicar el escenario que atraviesan. Además, señalaron que cuando se realizan transferencias corresponden a prestaciones de meses anteriores, lo que provoca que el atraso continúe acumulándose.
Intervención de la Defensoría Pública
Ante la gravedad de la situación, la Defensoría Pública presentó un reclamo formal ante la Secretaría de Salud de Chubut para exigir la regularización urgente de los pagos vinculados a las prestaciones del sistema.
El documento fue presentado el 9 de marzo de 2026 y en él los defensores públicos solicitaron que se abone la deuda correspondiente a las prestaciones brindadas por la Asociación Civil NICADPI, institución que atiende a personas con discapacidad.
En el escrito se advierte que la demora en los pagos generó una “asfixia financiera insostenible” que compromete la continuidad de la institución y de los servicios que reciben los usuarios.
Los abogados también señalaron que esta situación no se trata únicamente de un atraso administrativo, sino que podría implicar una vulneración de derechos fundamentales de las personas con discapacidad que dependen de estas prestaciones.
Usuarios con altos niveles de dependencia
El reclamo presentado ante las autoridades sanitarias también remarca que muchas de las personas que asisten a estos centros presentan discapacidad múltiple o altos niveles de dependencia, lo que implica la necesidad de atención permanente y especializada.
Además, algunos casos cuentan con intervenciones judiciales que obligan al Estado a garantizar la continuidad de la asistencia.
Por ese motivo, desde la Defensoría Pública solicitaron la adopción de medidas urgentes para evitar que la crisis financiera termine impactando directamente en los usuarios.
Un reclamo dirigido a Nación y Provincia
El programa Incluir Salud depende del Estado nacional, aunque su implementación en las provincias se realiza a través de unidades provinciales, lo que genera responsabilidades compartidas en el funcionamiento del sistema.
En ese marco, prestadores del sector sostienen que la solución al problema requiere la intervención tanto de Nación como de las autoridades provinciales, responsables de administrar las prestaciones en cada distrito.
Advierten sobre posibles cierres
Desde el sector también advirtieron que, si no se regularizan los pagos, algunas instituciones podrían dejar de funcionar debido a la imposibilidad de sostener los costos operativos.
El sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad se encuentra regulado por la Ley 24.901, que establece la obligación del Estado de garantizar cobertura integral de servicios de rehabilitación, asistencia y apoyo.
Sin embargo, los atrasos en los pagos y la acumulación de deuda generaron un escenario que los prestadores califican como insostenible, mientras continúan reclamando que se regularicen las transferencias para evitar que la crisis afecte directamente la atención de las personas con discapacidad.