Un príncipe alemán fue protagonista de un inusual caso judicial en San Martín de los Andes, luego de ser sorprendido con un arma de guerra sin autorización durante un control vehicular. El hecho terminó con un acuerdo judicial que le permitió evitar el juicio oral a cambio de una reparación económica y tareas comunitarias.
Se trata de Erich von Waldburg zu Zeil und Trauchburg, de 63 años, quien fue interceptado el 12 de marzo en un operativo policial realizado entre Villa Meliquina y el lago Filo Hua Hum. Durante el control, los efectivos detectaron que transportaba un rifle de calibre mayor que no estaba registrado a su nombre ni contaba con la documentación exigida por la normativa vigente.
A partir de esta situación se inició una causa penal bajo la órbita de la fiscalía local. Sin embargo, el expediente no llegó a instancia de juicio oral, ya que durante la audiencia las partes avanzaron en un acuerdo mediante un juicio abreviado.
El proceso judicial tuvo una particularidad: requirió traducciones simultáneas en alemán, inglés y castellano, lo que marcó el desarrollo de las audiencias para garantizar la comprensión de todas las intervenciones.
La fiscalía, a cargo de Hernán Scordo, y la defensa pública consensuaron una salida alternativa, en la que se tuvo en cuenta, entre otros factores, la ausencia de antecedentes vinculados a caza furtiva por parte del imputado.
Como parte del acuerdo, el príncipe alemán se comprometió a realizar tareas comunitarias y a efectuar una donación de 2.500.000 pesos al hospital de San Martín de los Andes. Este tipo de medidas se enmarca dentro de los mecanismos de reparación previstos por la legislación vigente para determinados delitos.
Finalmente, el juez Juan Pablo Balderrama homologó el acuerdo y dictó el sobreseimiento del imputado, lo que implicó el cierre formal de la causa. La resolución se mantuvo bajo reserva hasta su confirmación reciente, tal como se había establecido durante el proceso.
El caso generó repercusión por las características del involucrado y por el tipo de delito, en un contexto donde los controles sobre la portación de armas buscan reforzar la seguridad y el cumplimiento de la normativa vigente.