La investigación por una presunta organización dedicada a realizar maniobras defraudatorias a gran escala que inició con una denuncia en Chubut; sumó un nuevo capítulo judicial. La Justicia dispuso la prisión preventiva de un cuarto investigado en una causa que ya acumula víctimas en distintas provincias argentinas y un daño económico estimado en varios millones de dólares.
La medida fue resuelta por el juez de garantías Daniel Yanguela durante una audiencia realizada por videoconferencia, en la que también se formalizó la imputación de otro sospechoso, aunque este último continuará el proceso en libertad bajo estrictas restricciones.
La causa es impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED), que desde hace meses lleva adelante una investigación considerada de alta complejidad por el volumen de pruebas recolectadas, la cantidad de personas involucradas y la extensión territorial de las maniobras.
Una investigación que no deja de crecer
Durante la audiencia, el fiscal general Fernando Rivarola expuso el alcance económico de la investigación y sostuvo que el perjuicio generado asciende a miles de millones de pesos, equivalentes a varios millones de dólares.
Uno de los casos analizados dentro del expediente revela que una víctima llegó a invertir 857 millones de pesos en una plataforma que, según la hipótesis fiscal, formaba parte del esquema fraudulento. Gran parte de esos fondos habría sido canalizada a través del Grupo Financiero Big Ben, una de las firmas mencionadas en la investigación.
Desde la Fiscalía advirtieron además que el número de damnificados podría seguir aumentando. A medida que avanzan las tareas investigativas aparecen nuevas empresas presuntamente vinculadas con las maniobras, lo que abre la posibilidad de que existan centenares de víctimas en diferentes puntos del país.
Empresas utilizadas para mover fondos
La pesquisa identificó varias personas jurídicas que habrían sido utilizadas para captar dinero, transferirlo entre distintos operadores y dificultar el rastreo de los movimientos financieros.
Entre las empresas mencionadas figuran BLOBAL TT, Instrumental Norte, Smile Tecnología, Grupo Financiero Big Ben, Chicago Fin Group, Pagos Universales, Lynder G&S Solutions, Novatrek y XAEP, además de otras firmas que continúan siendo analizadas por los investigadores.
Según la hipótesis fiscal, estas estructuras habrían funcionado como piezas clave dentro de una compleja red destinada a canalizar fondos provenientes de maniobras defraudatorias.
Allanamientos y evidencia digital
La Justicia ratificó que se trata de una causa compleja, por lo que el plazo de investigación fue extendido a un año y seis meses.
Entre los fundamentos se encuentran la dimensión territorial de las maniobras investigadas, la cantidad de estructuras involucradas y el enorme volumen de evidencia digital incorporada al expediente.
En ese marco, durante allanamientos realizados en abril y mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y distintas localidades del Gran Buenos Aires, se secuestraron sumas de dinero en efectivo, moneda extranjera, documentación, dispositivos electrónicos y soportes de almacenamiento digital que ahora forman parte del análisis judicial.
Coordinación entre provincias
La investigación avanza mediante un trabajo coordinado entre fiscales de distintas jurisdicciones argentinas. Además, se evalúa la creación de un Equipo Conjunto de Investigación para fortalecer el intercambio de información y optimizar las tareas operativas.
Los investigadores no descartan nuevas medidas judiciales a medida que se profundice el análisis de la documentación y de las pruebas secuestradas.
Actualmente, la causa registra cuatro imputados con prisión preventiva y una persona procesada en libertad bajo restricciones. Uno de los acusados permanecerá detenido al menos hasta el 23 de junio mientras se analiza su posible traslado a Chubut, mientras que otro deberá cumplir medidas de control judicial en la Ciudad de Buenos Aires.