Mientras Ignacio Torres sufría una derrota de esas que duelen —quedando tercero o cuarto en casi todas las ciudades importantes de Chubut—, el Gobierno provincial decidió cambiar la narrativa con una jugada más política que institucional: una consulta popular para eliminar los fueros de jueces, políticos y sindicalistas.
El resultado fue el esperado: 63,6% votó “sí”. Y Torres salió a festejar como si hubiese liberado a Chubut de los corruptos.
“A partir de hoy, todos somos iguales ante la ley”, dijo, con tono de épica republicana.
Pero esa épica, según los expertos, es puro marketing.
La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) denunció que lo que el Gobierno vendió como el “fin de los privilegios” en realidad es un golpe a la independencia judicial.
Su presidente, Marcelo Gallo Tagle, fue tajante: la gente votó “sin saber lo que estaba votando”, y el resultado puede dejar a los jueces expuestos a la presión del poder político.
Porque —dato que no entra en los slogans— los fueros judiciales no son un privilegio personal. Son una garantía constitucional para que un juez pueda fallar sin miedo a ser removido por molestar al gobernador o a algún empresario amigo.
Quitar esa protección no democratiza la justicia: la hace vulnerable al apriete.
FLAM fue más allá y comparó lo que pasa en Chubut con México, donde un discurso calcado (“terminar con los privilegios”) terminó en una barrida de jueces y el ascenso de magistrados funcionales al poder político y, en algunos casos, vinculados al narco.
En ese espejo, el plebiscito de Torres parece menos una gesta moral y más una jugada desesperada de un gobierno golpeado por las urnas, que busca reposicionarse con un golpe de efecto.
Mientras el electorado le dio la espalda, el gobernador se reinventó como cruzado anticasta… aunque lo que hizo fue debilitar las reglas que lo controlan.
FLAM ya avisó: si la reforma avanza, va a terminar en la Corte, porque vulnera los artículos 110 y 115 de la Constitución Nacional, que garantizan independencia judicial.
O sea: lo que Torres vendió como “igualdad ante la ley” podría terminar siendo inconstitucional por violar la ley.