Un juez penal formalizó la investigación contra un vecino por bloquear el acceso a un terreno y autorizó el ingreso de la propietaria para que realice trabajos de alambrado, tras una serie de episodios de intimidación y disputas de límites.
Un histórico conflicto de límites en la cordillera escaló hasta la esfera penal y sumó esta semana un capítulo decisivo en los tribunales. La Justicia formalizó el inicio de una investigación penal preparatoria por el delito de usurpación —en la modalidad de turbación de la posesión— contra un particular acusado de bloquear sistemáticamente el ingreso a una propiedad y frenar a la fuerza la demarcación del terreno.
Durante la audiencia celebrada este lunes, el fiscal Martín Robertson, en representación del Ministerio Público Fiscal, expuso la plataforma fáctica que dio origen a la causa. Según la hipótesis acusatoria, a lo largo del último año se registraron al menos dos episodios en los que la denunciante, junto a familiares y obreros contratados, se vio imposibilitada de ingresar a su finca para realizar labores de amojonamiento y cerramiento debido a maniobras de bloqueo e intimidación ejercidas por el imputado.
Por su parte, la defensa técnica solicitó el rechazo de la apertura de la causa y de cualquier medida restrictiva, argumentando imprecisiones en el relato fiscal y sosteniendo que el litigio debe canalizarse por las vías civil y administrativa, al tratarse de un diferendo histórico por derechos posesorios sobre tierras fiscales linderas.
Sin embargo, tras evaluar las características geográficas del área —que confirman que el único camino de acceso al terreno afectado exige atravesar el lote contiguo—, el juez de la causa desestimó los planteos de la defensa. En su fallo, el magistrado recordó que para dar curso a esta etapa procesal inicial basta con una descripción clara e individualizada de los hechos y la atribución legal provisoria.
Medida cautelar y servidumbre de paso
Para garantizar el resguardo de los derechos de la denunciante mientras avanza el proceso, el juez hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dictó una medida cautelar clave: la fijación de una servidumbre de paso que garantice el libre tránsito hacia el inmueble y faculte a la propietaria a llevar a cabo los trabajos de alambrado exclusivamente sobre los límites correspondientes a su título de propiedad.
Asimismo, la resolución fijó límites estrictos al aclarar que la medida no autoriza modificaciones sobre aquellas parcelas que aún son materia de trámites o controversias administrativas. Finalmente, el magistrado instó a las partes a coordinar las tareas en el terreno de manera pacífica, advirtiendo que, en caso de persistir la obstrucción, se recurrirá al auxilio de la fuerza pública.