En Catamarca, un grupo de beneficiarios de pensiones por invalidez logró un fallo judicial que podría marcar un precedente nacional. El juez Guillermo Díaz Martínez resolvió que la Agencia Nacional de Discapacidad debía restituir en 24 horas todas las pensiones suspendidas y devolver los haberes retenidos a sus titulares.
La acción de amparo fue presentada por organizaciones de discapacidad, ciudadanos y el Defensor del Pueblo provincial, quienes denunciaron que el decreto 843/24 y las auditorías aplicadas imponían barreras inconstitucionales al acceso a este derecho.
El tribunal destacó la situación de extrema vulnerabilidad de los beneficiarios y recordó que los haberes tienen carácter alimentario. Además, cuestionó los procedimientos irregulares en las notificaciones y la falta de garantías de debido proceso.
Para muchas familias, el fallo significa la recuperación de un ingreso indispensable para su subsistencia. Y aunque la resolución se limita a Catamarca, podría inspirar reclamos similares en otras provincias donde también se registraron bajas de pensiones.