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Pitbull atacó a un peatón en Lago Puelo y su dueño debió pagar una reparación de 5 millones de pesos

Un caso ocurrido en Lago Puelo sentó un importante precedente en materia de tenencia responsable de mascotas y responsabilidad de los propietarios ante ataques de animales. Tras una audiencia de conciliación realizada en el Juzgado de Paz local, el dueño de un perro de raza Pitbull acordó pagar una reparación económica de 5 millones de pesos a una persona que resultó herida luego de ser mordida en la vía pública.

La resolución se enmarca en una política impulsada por el Ministerio Público Fiscal orientada a la protección de los ciudadanos y a la prevención de episodios vinculados con ataques de perros, especialmente aquellos considerados potencialmente peligrosos.

Un ataque inesperado en plena vía pública

El hecho ocurrió al mediodía cuando un transeúnte caminaba por una vereda de Lago Puelo. Según se informó, un perro de raza Pitbull salió sorpresivamente desde el interior de un comercio y accedió directamente al espacio público.

La investigación determinó que el local no contaba con medidas de seguridad adecuadas para impedir que el animal abandonara el establecimiento. Tampoco existían rejas, puertas de contención ni señalización que advirtiera sobre la presencia del perro.

Como consecuencia de esta situación, el peatón sufrió heridas de consideración producto de las mordeduras recibidas.

Acuerdo económico para evitar una sanción más grave

Debido a las normas de confidencialidad que rigen este tipo de procesos, las autoridades mantuvieron en reserva la identidad de las partes involucradas y el lugar exacto donde ocurrió el episodio.

Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal destacaron el resultado alcanzado durante la instancia conciliatoria. Para evitar que la causa avanzara hacia una sanción legal más severa, la persona señalada como propietaria del animal acordó y concretó el pago de una reparación económica de 5 millones de pesos a favor de la víctima.

El funcionario Natanael Abad explicó que este tipo de actuaciones forman parte de una política institucional destinada a investigar las contravenciones derivadas de mordeduras de perros y, en aquellos casos de mayor gravedad, impulsar legajos por lesiones culposas.

Buscan reforzar la responsabilidad de los dueños de mascotas

Desde el organismo judicial remarcaron que estas intervenciones tienen un objetivo que va más allá de la compensación económica. Por un lado, procuran brindar una respuesta rápida a las personas que sufren daños físicos y psicológicos producto de ataques de animales.

Al mismo tiempo, buscan generar conciencia sobre la obligación que tienen los propietarios de adoptar medidas de seguridad efectivas para evitar riesgos a terceros. La intención es que tanto viviendas particulares como comercios cuenten con mecanismos adecuados de contención que impidan que los animales accedan libremente a la vía pública.

Las autoridades consideran que la instrucción sistemática de estos casos contribuye a fortalecer la prevención y a garantizar mayores condiciones de seguridad para quienes transitan por espacios públicos.

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