El sujeto tenía antecedentes, condenas previas y una orden de alejamiento que ignoró por completo. Tras amenazar a la mujer con un arma blanca e ingresar por la fuerza a su casa, la Justicia le dictó la preventiva ante el peligro latente para la víctima.
Cuando las medidas de restricción no alcanzan y las advertencias judiciales caen en saco roto, la única alternativa para evitar una tragedia es la cárcel. Así lo entendió la Justicia, que ordenó tres meses de prisión preventiva para un hombre acusado de perpetrar dos brutales ataques contra su expareja en el lapso de apenas ocho días.
El historial del agresor ya venía cargado: contaba con una condena previa por agredir a la misma mujer, un récord de siete desobediencias a órdenes judiciales y, para colmo, cometió estos nuevos episodios mientras gozaba del beneficio de la libertad condicional.
El primer hecho ocurrió el pasado 19 de julio al mediodía. Según la acusación de la Fiscalía, el sujeto se presentó ante su expareja, la amenazó de muerte con un arma blanca, le pegó un golpe y la empujó, causándole una lesión en la muñeca. Tras la denuncia, el Juzgado le impuso de inmediato una prohibición de acercamiento y contacto.
Sin embargo, la medida duró lo que un suspiro. Durante la madrugada del 27 de julio, el agresor regresó a la casa de la víctima. Al encontrarse con la puerta cerrada, no lo pensó dos veces: forzó una ventana e irrumpió en la vivienda. La mujer intentó escapar desesperadamente hacia la calle, pero el sujeto la alcanzó en el exterior, donde volvió a golpearla y amenazarla.
Directo a la celda
En la audiencia de urgencia, desde la Fiscalía argumentaron que las medidas de baja intensidad ya no servían y que la escalada de violencia ponía en grave riesgo la vida de la mujer. Con los certificados médicos sobre la mesa, el arma secuestrada y los testimonios reunidos, solicitaron la prisión preventiva argumentando un claro peligro de fuga y entorpecimiento.
Aunque la Defensa Pública intentó justificar al imputado con una versión alternativa y pidió reglas de conducta más leves, el juez fue categórico. Apoyándose en los marcos internacionales de protección a las mujeres y remarcando la extrema vulnerabilidad de la víctima, rechazó los pedidos de la defensa y mandó al acusado tras las rejas por el plazo de 90 días, concluyendo que la privación de la libertad es la única forma real de garantizar la seguridad de la damnificada.
