Lo que comenzó como una campaña de desprestigio en redes sociales terminó con una condena penal firme. La Fiscalía de Lago Puelo alcanzó un acuerdo de juicio abreviado con la defensa de Diego Gabriel “Pipo” Arias, resolución que fue homologada por la Justicia y lo declaró autor penalmente responsable de los delitos de coacción y desobediencia a la autoridad.
El caso se originó en la localidad de El Maitén, donde el acusado utilizó la tecnología para hostigar a una mujer e intentar afectar su vida personal y económica. Como parte de la condena, además, se dispuso la incautación del teléfono celular que Arias utilizó para cometer los hechos investigados.
El proceso judicial se resolvió mediante un juicio abreviado impulsado por el funcionario de fiscalía Natanael Yamil Abad. Esta modalidad permitió que el imputado reconociera su responsabilidad y que se dictara una condena firme sin la necesidad de realizar un juicio oral.
Desde el Ministerio Público Fiscal destacaron que este tipo de procedimiento también busca evitar que la víctima tenga que atravesar el desgaste emocional que implica revivir los hechos durante un debate público frente a su agresor.
De acuerdo con la investigación judicial, el accionar de Arias comenzó en junio de 2024 cuando creó un perfil falso en Facebook para difamar al centro de estética de la víctima. Según se determinó, el objetivo era perjudicar su actividad laboral y afectar su independencia económica.
La causa también incorporó mensajes recuperados de las plataformas Messenger y WhatsApp que evidenciaron una escalada en la violencia. En esos intercambios, el acusado enviaba amenazas y condicionaba el cese de los ataques digitales a la obtención de favores sexuales.
La investigación también determinó que, incluso cuando la mujer se encontraba en la Comisaría de la Mujer realizando la denuncia, Arias continuaba llamándola. Posteriormente violó las órdenes de prohibición de acercamiento dispuestas por la Justicia y llegó a perseguirla en un automóvil gris cerca del puente sobre el río Chubut.
Para avanzar en la causa, la Fiscalía y la División Policial de Investigaciones (DPI) realizaron distintas medidas para identificar al responsable detrás de los perfiles falsos utilizados en redes sociales.
Entre las tareas realizadas se incluyó el cruce de información con operadoras de telefonía y con la empresa Meta, responsable de la plataforma Facebook. También se procedió al secuestro del teléfono celular del imputado y al análisis de su contenido.
Durante el proceso se lograron recuperar conversaciones, chats y capturas de pantalla que el agresor creía haber eliminado y que terminaron siendo incorporadas como prueba dentro del expediente judicial.
Finalmente, Arias fue condenado por coacción simple y desobediencia a la autoridad. Aunque la víctima decidió mudarse a la ciudad de Bariloche para reconstruir su vida, la sentencia deja establecido que las conductas de hostigamiento y violencia también tienen consecuencias penales cuando se desarrollan en entornos digitales.