El Gobierno nacional parece dispuesto a blindar los intereses de las grandes corporaciones de la alimentación, incluso si eso implica desproteger la salud de los argentinos. Tras el impulso de la «Ley Hojarasca», la Casa Rosada tiene listo un nuevo proyecto de ley para derogar la Ley de Etiquetado Frontal, sancionada en 2021. De prosperar la iniciativa, desaparecerán de los envases los octógonos negros que alertan sobre los excesos de azúcares, sodio, grasas y calorías, sepultando una de las políticas sanitarias más celebradas de los últimos años.
Desde las filas libertarias se intenta justificar el retroceso enmarcando la medida dentro de su denominada «batalla cultural» para retirar al Estado del medio. Sin embargo, detrás del relato de la libre empresa se esconde una peligrosa desregulación que elimina la obligación de advertir mediante etiquetas rectangulares si un producto contiene cafeína o edulcorantes, dos componentes explícitamente desaconsejados para las infancias por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
«La derogación no es desregulación, es ocultamiento de información crítica para el consumidor», advierten colectivos de profesionales de la salud.
Ceder al lobby por problemas de «diseño»
En los pasillos de la Casa Rosada no ocultan que la medida responde directamente a las quejas del sector empresarial. El principal argumento de la industria es logístico: señalan que la falta de criterios idénticos en el Mercosur (donde Uruguay usa otros parámetros y Chile aplica un sistema de semáforo) las obliga a gastar de más imprimiendo packagings diferentes según el país de destino.
En lugar de resolver el problema mediante una armonización regional que mantenga los estándares de salud, la gestión de Javier Milei opta por el camino más cómodo para las empresas: eliminar el derecho a la información de los ciudadanos. De esta manera, las multinacionales podrán volver a inundar las góndolas con envases atractivos, devolviendo a los personajes infantiles y los regalos gancho a los productos altos en azúcares, una práctica que la ley actual tiene prohibida para proteger a los más chicos.