La Oficina de la Mujer del STJ presentó un relevamiento histórico (2013-2025) en el marco del 3 de junio. Advierten que la violencia letal es transversal y afecta tanto a la cordillera como a la costa y la meseta.
En el marco de una nueva movilización nacional por el «Ni Una Menos», la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia de Género (OM-OVG) del Superior Tribunal de Justicia de Chubut presentaron un detallado informe estadístico sobre los femicidios cometidos en la provincia entre los años 2013 y 2025. Los datos alimentan el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema de la Nación.
Desde el organismo judicial señalaron que el objetivo de visibilizar esta evidencia empírica es aportar herramientas firmes para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, combatiendo activamente los sesgos y mitos que muchas veces obstruyen el acceso real a la justicia.
El análisis geográfico e histórico derribó una de las creencias más comunes: la violencia no distingue densidades demográficas. El fenómeno ha sido transversal a todo Chubut, registrándose casos tanto en grandes urbes costeras como en pequeñas comunas de la meseta y localidades de la cordillera. Solo en los años 2015 y 2022 las estadísticas provinciales se mantuvieron en cero.
Radiografía de los agresores y la «punta del iceberg»
El informe confirma con cifras una realidad estructural: el hogar y el entorno cercano siguen siendo los espacios más inseguros para las mujeres víctimas de violencia de género. El 95% de los victimarios formaba parte del entorno de la víctima (63% parejas/exparejas y 32% familiares o conocidos). El rango etario de los autores se concentró en su etapa de mayor fuerza física y productividad, teniendo el 79% de ellos entre 19 y 49 años al momento del crimen.
VÍNCULO DEL AGRESOR CON LA VÍCTIMA (Chubut 2013-2025)
Parejas o exparejas: ███████████████ 63%
Familiares o conocidos: ████████ 32%
Sin relación previa: █ 5%
El Superior Tribunal de Justicia encendió las alarmas respecto a las barreras en el acceso a la justicia y los sistemas de protección. Únicamente el 22% de las mujeres asesinadas había radicado una denuncia formal contra quien terminó siendo su femicida. Los registros paralelos determinaron que, de las que no denunciaron, al menos otro 22% vivía en contextos de violencia previos que nunca llegaron a las comisarías o fiscalías, graficando lo que la institución judicial definió como «las violencias silenciadas».