El abogado Daniel Sandoval dio detalles de los argumentos que esgrimen en la causa contra Miguel Edgardo Battista. Sostuvo que la familia adoptó una vida recluida para preservarse tras denunciar a un grupo de agentes federales y sufrir episodios violento.
El caso del bioquímico e investigador Miguel Edgardo Battista, detenido en la cordillera chubutense bajo la acusación de una presunta privación ilegítima de la libertad e incomunicación de su núcleo familiar —un hecho que trascendió a nivel nacional y fue catalogado mediáticamente como «la casa del horror»—, sumó la perspectiva de su defensa técnica.
En diálogo radial, el abogado defensor Daniel Sandoval explicó los motivos detrás de la situación procesal de su cliente y justificó la modalidad de vida que mantenía la familia en la región.
La hipótesis de la defensa: persecución y autoencierro
Según indicó el letrado, la investigación preliminar llevada adelante por la defensa apunta a contextualizar el estilo de vida hermético que adoptó Battista junto a su familia, remitiéndose al año 2020. En plena pandemia, el bioquímico desarrolló una investigación vinculada al fortalecimiento del sistema inmunológico a través de la alimentación.
De acuerdo con el relato del imputado, aquella labor científica derivó en una serie de presiones y extorsiones por parte de un grupo de agentes federales que operaban con una empresa de seguridad, quienes le exigieron dinero bajo la amenaza de encarcelarlo. Dicha situación escaló judicialmente y derivó en una condena firme dictada en 2024 por el Juzgado Correccional N° 16 de San Martín de los Andes, con penas de prisión efectiva para los involucrados en la extorsión.
Sin embargo, los conflictos continuaron tras la mudanza de la familia a la provincia del Chubut. Sandoval detalló que, en 2022, Batista fue interceptado y agredido físicamente en una estación de servicio local por un individuo vinculado a los anteriores hechos, causa que en su momento fue archivada por la fiscalía de Esquel al no poder identificar al agresor. A esto se sumó, según la defensa, un allanamiento policial sin orden formal en las instalaciones vinculadas al investigador.
Para el abogado defensor, este cúmulo de antecedentes generó en el grupo familiar un cuadro de persecución que motivó la decisión de aislarse: «Fue el modo en que el grupo familiar decidió no tener una vida social mucho más expuesta», señaló Sandoval, argumentando que el encierro respondió a un mecanismo de preservación física ante temores reales de atentados contra su integridad.
La situación procesal y el debate técnico
En relación con el inmueble donde residían —ubicado en una zona con viviendas linderas, baldíos y vecinos a pocos metros—, la defensa reconoció que existía un fuerte hermetismo, pero desestimó que se tratara de un cautiverio forzoso y clandestino en los términos que maneja la fiscalía.
Battista, de 71 años, permanece detenido bajo la modalidad de prisión preventiva, una medida que la defensa cuestiona debido a su avanzada edad y al impacto emocional que atraviesa el grupo familiar.
Actualmente, la causa penal se encuentra imputada bajo los delitos de privación ilegítima de la libertad y abandono de persona, figuras legales que prevén penas de 4 a 13 años de prisión en concurso ideal. Desde la defensa anticiparon que buscarán desmenuzar las calificaciones legales durante el proceso judicial, cuestionando la tipificación de los hechos frente a una realidad familiar atravesada, según sostienen, por el temor y el aislamiento autoimpuesto.
